La última semana, nos ha dejado una serie de frases célebres ya, como reacción de las y los indebidamente vacunados contra el COVID 19, frente al escándalo de conocimiento público por que no eran personas que estaban incluidas en la primera fase: ”el error de mi vida”, no me puedo dar el lujo de enfermarme”, “he sido consultor en tema éticos”…
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El año pasado, entre los meses de setiembre y noviembre, la Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS, fue encomendada por la Conferencia Episcopal Peruana – CEP, para participar en la Mesa de Crecimiento Económico Sostenible del proceso del Pacto Perú, parte del Acuerdo Nacional que fue tarea planteada por el gobierno de entonces, que buscaba lograr consensos en un grupo tripartito, de gremios empresariales, partidos políticos y sociedad civil, con el fin de acordar una serie de propuestas que deberían ser tomadas en cuenta por las y los candidatos a las elecciones generales en el próximo mes de abril 2021.
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La pandemia de COVID 19 sigue y seguirá generando una profunda crisis sanitaria, económica y social a nivel mundial y en particular en nuestro país. Ya hemos dicho hasta la saciedad que ésta pandemia ha sacado lo mejor y lo peor de la sociedad.
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La primera ola en penales, durante el 2020, trajo como consecuencia: trece motines en diferentes penales, dejando como resultado la muerte de 16 internos como consecuencia del restablecimiento del orden interno; un requerimiento de investigación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos frente a los hechos violentos que significaron dichas muertes, en especial de los 8 internos fallecidos en el Penal de Castro Castro; una sentencia por parte del Tribunal Constitucional (Exp. N° 05436-2014-PHC/TC), por la cual se declara “un estado de cosas inconstitucional respecto al hacinamiento”; y, al final de la primera ola, más de una treintena de servidores y más de trescientos internos fallecidos por COVID – 19, sin contar los contagiados que sumaban más de 10 mil.
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El derecho a la protesta se encuentra reconocido en el art. 2 inc. 12 de nuestra Constitución Política que indica: Art. 2 Inciso 12).- “Toda persona tiene derecho: A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas”.
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Siguiendo las reflexiones del Papa Francisco y las conclusiones del Sínodo para la Amazonía, la Conferencia Episcopal Peruana ha remitido una carta a los congresistas solicitando la ratificación del Acuerdo de Escazú para la protección de la vida y los derechos de los pueblos indígenas u originarios.
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