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Protestar es el clamor del pueblo, las autoridades deben escuchar
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Reflexiones del Equipo Legal[1] de CEAS:

Protestar es el clamor del pueblo, las autoridades deben escuchar [2]

El derecho a la protesta se encuentra reconocido en el art. 2 inc. 12 de nuestra Constitución Política que indica:

Art. 2 Inciso 12).- “Toda persona tiene derecho: A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas

El derecho a la protesta según el artículo citado tiene dos exigencias, el ser pacífico y sin armas. Es lo que ocurrió en el Perú a partir del día 09 de noviembre en que se decidió en el Congreso de la República la cuestionada vacancia por la causal de “incapacidad moral permanente”. La población de manera espontánea a nivel nacional ha iniciado marchas y concentraciones pacíficas en busca de hacer respetar la institucionalidad democrática, y en muchos casos ha sido reprimida por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, que: “La protesta también está estrechamente vinculada a la promoción y defensa de la democracia. En particular, la Corte Interamericana ha reconocido que en situaciones de ruptura de orden institucional democrático, la protesta debe ser entendida “no solo en el marco del ejercicio de un derecho sino al cumplimiento del deber de defender la democracia”[3]

Lamentablemente consideramos que el gobierno peruano, no está asumiendo una conducta respetuosa frente al ejercicio de este derecho. Justamente a partir de la gran marcha nacional del jueves 12 de noviembre, y según lo ha indicado el propio nuevo Ministro del Interior Gastón Rodríguez, la PNP ha cambiado su estrategia de abordaje de las movilizaciones sociales, agudizando su acción represiva, no solo con el uso indiscriminado de bombas lacrimógenas, sino también se habría rociado gas pimienta desde un helicóptero sobre la multitud, además de utilizar armas de fuego, ya que se han registrado personas heridas de bala y perdigones. Asimismo, se ha denunciado la presencia de policías encubiertos, quienes inclusive habrían hecho uso de sus armas de fuego, lo que se encuentra prohibido, tal como lo ha registrado la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos – ACNUDH en América del Sur .

Sobre el particular, la Oficina del ACNUDH en América del Sur, ha declarado que “la policía tiene la obligación de observar en todo momento las normas internacionales sobre uso de la fuerza en la gestión de manifestaciones, absteniéndose de utilizarla de manera ilegal, excesiva o arbitraria”, lo que no se ha observado en la acción policial.

El uso indebido de la fuerza de parte de la PNP se evidencia en los heridos (4 de gravedad y 7 con heridas leves), en particular los más graves, que presentan heridas por arma de fuego (perdigones y bala), quienes fueron sometidos a intervenciones quirúrgicas de emergencia. Entre los afectados, además de manifestantes, figuran periodistas y brigadistas médicos que brindaban apoyo a los heridos.

Pese a todas estas circunstancias, el gobierno ha buscado deslegitimar el derecho a la legítima protesta social pacífica. Incluso el nuevo Ministro de Educación la ha vinculado con grupos subversivos.

Lo que viene ocurriendo en las marchas de protesta ciudadana deja al descubierto que subsiste un paradigma de las fuerzas del orden en el uso de la fuerza, que considera a la población como “el enemigo”, el que causa daños y disturbios; y, no como ciudadanas y ciudadanos que tienen derecho a manifestarse, a quienes les deben brindar protección.

La CIDH ha indicado sobre el particular: “Respecto a esta situación, la Comisión ha señalado que los Estados están obligados a garantizar y facilitar el ejercicio de los derechos humanos que se ponen en juego durante manifestaciones y protesta e implementar medidas y mecanismos para que estos puedan ejercerse en la práctica, no como forma de obstaculizarlos”[4].

Asimismo, las marchas pacíficas y la acción policial han develado problemáticas como la falta de presencia de fiscales garantes de derechos en un momento de emergencia, amenazas a abogados/as defensores de derechos humanos, restricción del derecho de defensa en la División de Seguridad del Estado, detención de menores de edad, impedimento a los detenidos de comunicación con sus abogados/as y familiares, y abuso de la “retención” de personas en lugares ajenos a las comisarías.

El Papa Francisco, dirigiéndose a los jóvenes y su participación en las protestas, que ha sido mayoritaria en nuestro país, les ha exhortado: "Hagan lío pero también ayuden a arreglar y organizar el lío que hacen. Un lío que nos dé esperanza, que nazca de haber conocido a Jesús"[5].

Es importante reconocer la protesta como un derecho, porque nos da la oportunidad de canalizar las demandas, escuchar las propuestas, siempre que haya voluntad, y de esa manera asumir los cambios necesarios para una convivencia en verdad y justicia, para lograr la paz social que los peruanos y peruanas anhelamos.



[1] Equipo Legal de CEAS: Silvia Alayo Davila, Gery Vásquez Cucho y Javier Jahncke Benavente

[2] Declaraciones Cardenal Pedro Barreto, Arzobispo de Huancayo, Presidente de la REPAM, Radio Programas del Perú, 12 de noviembre de 2020

[3] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso López Lone Y Otros Vs. Honduras. Sentencia de 5 de octubre de 2015. (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 148 y ss

[4] Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006, Serie C Nº 150, párr. 78, y Caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 28 de noviembre de 2018. Serie C Nº 371, párr. 167

[5] Papa Francisco en encuentro con los jóvenes en Paraguay, 2015.

 

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