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Acuerdo de Escazú no tiene objeciones válidas, Congreso debe ratificarlo
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 Nota de informativa

El Acuerdo de Escazú no resta soberanía, al contrario, garantiza derechos y es constitucional, afirmó Javier Jahncke, integrante del Equipo de Trabajo de la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS). Además, apuntó, no sería una traba para la actividad económica ya que brindaría un marco favorable para aquellas inversiones que respeten el ambiente y los derechos de comunidades y poblaciones, permitiendo prevenir la conflictividad social.

Durante su participación en el webinar “Voces de los defensores ambientales: Escazú ¡Ahora!”, organizado por CEAS y el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC), Jahncke consideró que el Estado debe encabezar los esfuerzos por la ratificación del acuerdo internacional, entablar diálogos y brindar información pública, y no asumir de antemano que no se podrán cumplir los compromisos de defender a ciudadanos en riesgo, por el sólo hecho de defender sus derechos.

Por su parte, Yolanda Flores, defensora ambiental del Pueblo Aymara de Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) de Puno, explicó el problema de comunicación que existe con las autoridades. Los Pueblos Originarios basan su conocimiento en experiencias y conversaciones orales, por lo cual les es muy difícil entender el lenguaje técnico de las empresas, en particular mineras. En este sentido, el Acuerdo de Escazú permitiría a los pueblos originarios tener información clara y comprensible que les permita defenderse en sus propios términos, precisó.

Flores resaltó que la defensa del ambiente y las agresiones contra activistas afectan de forma especial a las mujeres. Llamó a cambiar la percepción acerca de que la agricultura es sufrimiento y pobreza, por el contrario, es vida y satisfacción, recalcó. Además, invitó a jóvenes universitarios a regresar a sus comunidades rurales no para imponer su aprendizaje sino “tejer conocimientos en común” desde las posiciones académicas y vivenciales.

El activista Ascencio Vásquez, representante de la Red de Lomas del Perú denunció que los invasores de las lomas y otros ecosistemas “no respetan ni en tiempos de COVID-19, diario invaden, meten maquinaria pesada, colocan casetas” como sucede en Lomas de Independencia, Mangomarca y Villa María del Triunfo. Declaró que hace falta un marco jurídico para la defensa del ambiente.

Vásquez explicó que “somos defensores porque reconocemos el valor estratégico de las lomas frente al cambio climático”. Aseguró que quienes defienden los ecosistemas son denunciados por quienes invaden la naturaleza. Manifestó que las agresiones a ambientalistas han sido constantes desde el verano.

En su intervención, Richard André O’Diana del MOCICC llamó a la sociedad civil a cambiar de métodos para que el mensaje ecologista llegue a más personas y se comprenda mejor. Detalló que el cambio climático afecta a toda la población, sin embargo, quienes viven cerca de ríos y otras áreas naturales sufren mayores problemas.

En tanto, Laura Vargas de la Iniciativa Interreligiosa para los Bosques Tropicales (IRI) sentenció que “los defensores sustituyen al Estado en la protección de la vida y el ambiente (…) el gobierno trabaja contra nuestra riqueza natural”. Aseveró que los políticos y legisladores tienen poderosos intereses que se verían afectados si se aprueba el Acuerdo de Escazú.

La defensa del ambiente no se limita a la tierra, Rocío Valdeavellano del Movimiento Católico Mundial Capítulo Perú (MCMC) recordó que hay poblaciones amazónicas que son asesinadas por proteger su territorio de la tala ilegal. Pidió denunciar e indignarse por los atropellos a nuestros defensores, ya que los activistas ambientales “defienden un bien de todos”.

 

 

Lima, 1 de octubre del 2020

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