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CORONAVIRUS Y PENALES
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CORONAVIRUS Y PENALES

Carlos Vásquez Ganoza

Ex presidente del INPE

 

Iniciada cuarentena nacional, en lo que respecta al sistema penitenciario, se reportaron motines en los penales de Río Seco - Piura (18/03/20), Chiclayo (19/03/20) y Trujillo (23/03/20), que requirió la intervención de las fuerzas de seguridad del INPE y de la Policía Nacional del Perú, y trajo como resultado dos internos fallecidos, varios contusos de ambos lados y, a nivel político, las cabezas de la plana mayor del INPE. En menos de 24 horas, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha nombrado a un nuevo Consejo Nacional Penitenciario para que se haga cargo.

 

Pero para entender lo sucedido y lo que podría venir con la ampliación de la cuarentena, es importante conocer la situación actual. El punto inicial critico es el hacinamiento (140% de sobrepoblación promedio nacional): la población penal es de 96,145 internos (INPE: Enero, 2020) que se encuentran ubicados en 68 penales que tienen capacidad para albergar solo a 40,137 de ellos. En términos simple, 56,008 internos no tienen una tarima o camarote donde dormir, se acomodan donde puedan o quede espacio.

 

Para ejemplificar: el Penal de Piura, donde se inició el primer motín, fue construido para albergar a 1,370 internos, pero en la actualidad cuenta con 4,069 internos (197% de sobrepoblación); Chiclayo fue construido para 1,143 pero alberga a 4,614 internos (304% de sobrepoblación); y, Trujillo para 1,518 pero en la actualidad alberga a 5,489 internos (262% de sobrepoblación). Lo mismo ocurre en 49 de los 68 penales a nivel nacional, que incluyen a los Penales de Lurigancho, Castro Castro, Sarita Colonia o Piedras Gordas 1.

 

El segundo punto critico son las condiciones de salud de la población penitenciaria para afrontar la pandemia: según el último – y único - censo penitenciario (INEI: 2016), el 55% de ella sufre de alguna enfermedad: el 18% de la población tiene enfermedades crónicas (pulmonares, bronquitis o enfisema, hipertensión y diabetes); un 6%, enfermedades infecto contagiosas (tuberculosis, infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA); y, un 31%, otras enfermedades como depresión, ansiedad, adicción a sustancias psicotrópicas, hepatitis, cáncer y otras. Un dato adicional, solo el 32% de la población enferma recibe tratamiento médico.

 

El tercer punto critico que dio pie a los motines, son las medidas de seguridad adoptadas para combatir o impedir la pandemia que representa el Coronavirus (COVID-19) en los lugares de privación de la libertad: se restringió la visita a los internos en los penales a nivel nacional, a fin de asegurar el confinamiento obligatorio y, con ello, la no propagación del virus desde el exterior hacia el interior de los penales.  Aunque esto parece ser una medida racional, tiene sus consecuencias dentro de la población: al no ingresar visitas, no ingresan algunos complementos básicos que la familia ingresa a su interno: alimentos, medicamentos, implementos de limpieza y otros. Lo que el Estado otorga es insuficiente.

 

Súmele un último dato: de casi una totalidad de 10,000 miembros del INPE a nivel nacional, solo 2,500 de ellos cumplen la función de seguridad. Si esto es así, en promedio existe uno por cada 38 internos, en el mejor de los casos. En otros, la situación es crítica. Por ejemplo, en el Penal de Piura, el promedio es de 1 por cada 77 internos; en Chiclayo, 1 por cada 72; y en Trujillo, 1 por cada 74 internos. Para agravar la situación, el personal es dividido en seguridad externa (puerta, torreones, áreas perimetrales) e interna (pabellones), reduciéndose aun más. Por cierto, el estándar internacional es de 1 por cada 4 o 7 internos.

 

La pregunta entonces es qué hacer para evitar que lo producido en los penales del norte del Perú se traslade a otras regiones, en especial Lima que concentra a 17 de los 68 penales y al 47% de la población penitenciaria a nivel nacional (45,421).

 

Al respecto, las recomendaciones del Subcomité de prevención de la tortura de los Estados partes y Mecanismos nacionales de prevención relacionados con la pandemia de Coronavirus del 25 de marzo último nos puede ayudar en ello. Tomando en cuenta las mismas, hago un recuento de lo que se podría evaluar en nuestra realidad penitenciaria:

 

a)        Reducir el hacinamiento a través de esquemas de liberación temprana: debe impulsarse la masificación de los grilletes electrónicos (unos 20 mil internos tienen penas menores a 8 años y son primarios); la conversión de penas menores a cuatro años por penas alternativas como las prestaciones a la comunidad (unos 6 mil internos tienen penas menores a 4 años y son primarios); los beneficios especiales para extranjeros con posterior expulsión del país y prohibición de no retorno (unos 1590 internos extranjeros son primarios con penas menores a 6 años); la conversión de los condenados por omisión a la asistencia familiar por una pena alternativa (existen 2825 internos por este delito, que le cuesta al estado 4.5 millones de soles mantenerlos dentro de los penales  solo en alimentación al año). Por obvias razones, están excluidos de esta reducción los delitos graves como el crimen organizado, las violaciones sexuales, los sicariatos, el terrorismo o la trata de personas.

 

b)        Proporcionar métodos alternativos para que los internos tengan contacto con sus familias debido a la restricción de visitas en los penales: entre ellas puede evaluarse el acceso telefónico a los penales de régimen especial que lo tienen prohibido. Esta prohibición existe en la norma para una situación distinta donde pueden recibir visitas. Siendo una coyuntura excepcional, podría ser temporal mientras dure la cuarentena. Finalmente, podría evaluarse días en que solo uno de los familiares pueda llevar – sin que ello signifique contacto alguno con los internos – suministros básicos a sus familiares, en cantidades establecidas por el sistema, dejarlos en puerta para que el personal – bajo supervisión y registro – pueda hacer su entrega.

 

c)         Evaluación de riesgo urgentes para identificar a las personas con mayor riesgo:  los enfermos graves, las personas adultas (4824 internos son mayores de 60 años), internas gestantes o con hijos dentro de los penales (165 internas tienen a igual cantidad de niños menores a 3 años viviendo con ellas en penales). Aquí se debe conformar una comisión especial ad - hoc, al igual que sucedió en los 90`s con el padre Hubert Lanssiers, de naturaleza itinerante a nivel nacional (y no estática y burocrática como la comisión de gracias presidenciales), encargada de calificar, evaluar y recomendar el egreso de ciertas poblaciones vulnerables dentro de los penales, sometidas a ciertas reglas de conducta tras su liberación. Un dato final: alrededor de 150 internos mueren anualmente en penales.

Muchas medidas aquí esbozadas no requieren modificación normativa, solo decisión política para comenzar a bajar la temperatura de los penales a nivel nacional y no esperar que, por los próximos 15 días de ampliación de la cuarentena, se propaguen los motines.  A estar atentos.

 

 

Lima, 26 de marzo de 2020

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