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FORO INTERRELIGIOSO DE LAS AMERICAS<\/span><\/b> EN LA VIII CUMBRE DE LAS AMERICAS<\/span><\/i><\/b> \u201cGOBERNABILIDAD DEMOCRATICA FRENTE A LA CORRUPCION\u201d<\/span><\/i><\/b> LIMA, 10 Y 11 DE ABRIL DE 2018<\/span><\/b> DECLARACION FINAL<\/span><\/b> DOCUMENTO DE RECOMENDACIONES DE LA COALICION No. 9 \u201cALIANZA INTERRELIGIOSA PARA LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE\u201d<\/span><\/i><\/b> La \u00e9tica p\u00fablica es una preocupaci\u00f3n fundamental y prioritaria para las comunidades de fe y espiritualidades de las Am\u00e9ricas. Sin embargo, nuestra participaci\u00f3n en los esfuerzos anticorrupci\u00f3n es diferente en los pa\u00edses de la regi\u00f3n. Muchas organizaciones religiosas no est\u00e1n familiarizadas con los programas nacionales anticorrupci\u00f3n. La VIII Cumbre de las Am\u00e9ricas \u201cGobernabilidad democr\u00e1tica frente a la corrupci\u00f3n\u201d es una oportunidad para involucrar a las diversas comunidades de fe y espiritualidades del hemisferio de manera m\u00e1s efectiva en los esfuerzos anticorrupci\u00f3n, considerando que existe un amplio campo de preocupaciones compartidas sobre los efectos nocivos de la corrupci\u00f3n en las personas m\u00e1s pobres y vulnerables. Entendemos que la lucha contra la corrupci\u00f3n est\u00e1 enlazada con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al 2030, los cuales incluyen la meta 16.5: Reducir considerablemente la corrupci\u00f3n y el soborno en todas sus formas. Asimismo, comprendemos que para el combate contra la corrupci\u00f3n es necesaria una respuesta integral que incluya un enfoque de derechos humanos, en raz\u00f3n del impacto desproporcionado que tiene sobre las personas que pertenecen a los grupos vulnerables y desaventajados. La reciente resoluci\u00f3n 1\/18 de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera a la corrupci\u00f3n como un complejo fen\u00f3meno que afecta a los derechos humanos en su integralidad \u2013civiles, pol\u00edticos, econ\u00f3micos, sociales, culturales y ambientales\u2013, as\u00ed como al derecho al desarrollo de las personas y las sociedades, y por ello, tambi\u00e9n, debilita la gobernabilidad y las instituciones democr\u00e1ticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad. En raz\u00f3n de todo ello, nuestra Coalici\u00f3n recomienda a los jefes de Estado y de Gobierno que se re\u00fanen en la VIII Cumbre de las Am\u00e9ricas: 1. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Alentar los programas de educaci\u00f3n en valores, en todos los niveles de ense\u00f1anza p\u00fablica y privada, que promuevan la capacidad de discernimiento para generar conductas basadas en la integridad, entendida como una convivencia fundada en los valores de la honestidad, la confianza, el respeto y la verdad; 2. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Promover la responsabilidad \u00e9tica corporativa o empresarial, que comprende todos los aspectos de la conducta de los negocios y es relevante en cuanto a la conducta individual de las personas como a la de las organizaciones en su conjunto; 3. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Establecer objetivos hemisf\u00e9ricos de integridad p\u00fablica, que incluyan compromisos en los m\u00e1s altos niveles pol\u00edticos, responsabilidades institucionales en el sector p\u00fablico, normas de conducta estrictas para los funcionarios p\u00fablicos, enfoques estrat\u00e9gicos basados en datos emp\u00edricos, colaboraci\u00f3n del conjunto de la sociedad, inversi\u00f3n en liderazgo integro, mecanismos de sanci\u00f3n apropiados y participaci\u00f3n de la sociedad civil; 4. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Fortalecer la lucha contra la financiaci\u00f3n ilegal de los partidos pol\u00edticos y sancionar la responsabilidad penal de quienes reciben o entregan, como personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas, pagos emanados de la corrupci\u00f3n o encubiertos por actos de lavado de activos; 5. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Alentar la participaci\u00f3n ciudadana en las denuncias contra la corrupci\u00f3n, en todos los \u00e1mbitos y niveles de la administraci\u00f3n p\u00fablica, incluyendo el Poder Judicial, el Ministerio Publico, el sistema de designaci\u00f3n de jueces y fiscales, y las fuerzas de orden p\u00fablico, y en el seguimiento ciudadano de las causas judiciales de corrupci\u00f3n, a fin de erradicar la impunidad; 6. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Mejorar la cooperaci\u00f3n penal hemisf\u00e9rica, que comprenda el intercambio de evidencia jur\u00eddica a trav\u00e9s de la colaboraci\u00f3n directa entre las Fiscal\u00edas sin intervenci\u00f3n de los Poderes Ejecutivos y la facilitaci\u00f3n de las delaciones premiadas en m\u00faltiples jurisdicciones; 7. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Actualizar la Convenci\u00f3n Interamericana contra la Corrupci\u00f3n (CICC), para responder a la creciente ola de corrupci\u00f3n de empresas transnacionales con sedes en otros pa\u00edses del hemisferio; y 8. \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <\/span>Reformar el Mecanismo de Seguimiento de la Implementaci\u00f3n de la Convenci\u00f3n Interamericana contra la Corrupci\u00f3n (MESICIC), para dotarlo de car\u00e1cter independiente, transparente y t\u00e9cnico, y que incluya la participaci\u00f3n activa y efectiva de la sociedad civil. Por otra parte, las organizaciones miembros de nuestra Coalici\u00f3n se comprometen a fortalecer sus propios procesos de trasparencia y rendici\u00f3n de cuentas, y a involucrarse m\u00e1s activamente en las iniciativas nacionales anticorrupci\u00f3n en los pa\u00edses del hemisferio.