POR EL RESPETO A NUESTROS PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS

“Para ellos, la tierra no es un bien económico, sino un espacio sagrado con el cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores.” (LS 146)

En la celebración de Pentecostés, Papa Francisco en el rezo del Ángelus recordaba que hace 7 meses concluyó el Sínodo Amazónico, e invocó “al Espíritu Santo que de luz y fuerza a nuestra Iglesia y sociedad en la Amazonía que ha sido duramente golpeada por la pandemia. Ha realizado un llamado “para que a nadie le falte la atención sanitaria. Curar a las personas, no ahorrar para la economía. Curar a las personas es más importante que la economía. Las personas somos templo del espíritu santo, la economía no”.

En nuestro país, luego que de la declaración de emergencia sanitaria y la inmovilización obligatoria decretada por el Presidente Vizcarra en marzo, hay poblaciones vulnerables como nuestros pueblos indígenas u originarios de costa, sierra y amazonia, en particular los que se encuentran en aislamiento voluntario y contacto inicial, quienes están sufriendo graves consecuencias en su vida y salud lo que pone en riesgo su existencia, sin que se haya priorizado su atención prioritaria con enfoque intercultural, y medidas preventivas que eviten el contagio.

Ésta situación ha reafirmado la marginación histórica y discriminación que aún subsiste hacia los pueblos originarios, que en esta pandemia no han contado con servicios de salud adecuados y con protocolos interculturales, ni apoyo en alimentos que lleguen de manera coordinada con el cuidado necesario para evitar contagios, ni los fondos necesarios para la reactivación de las economías indígenas ni los mercados locales que no han sido considerados por el gobierno.

Al respecto Papa Francisco ha indicado que “la primera tarea es poner la economía al servicio de los Pueblos: Los seres humanos y la naturaleza no deben estar al servicio del dinero. Digamos no a una economía de exclusión e inequidad donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata. Esa economía excluye. Esa economía destruye la Madre Tierra”[1].

Por ello mostramos nuestra preocupación pues el gobierno a 76 días de haber establecido la emergencia, no ha concretado medidas hacia los pueblos indígenas u originarios en nuestro país. El plan piloto de atención sólo para Loreto a 70 días, y un muy reciente plan de salud, ambos sin concretarse y con presupuestos insuficientes y sin considerar a los pueblos andinos no resuelven el problema. Se requiere la urgente creación de una Comisión Multisectorial e Intergubernamental con participación de pueblos originarios y gobiernos regionales y locales que prioricen medidas de protección para atender la pandemia con los presupuestos necesarios.

El reciente D. Leg. N° 1489 no es una solución para la protección de los pueblos originarios. Sin voluntad política ni presupuestos no se pueden tomar acciones concretas. Además, en la perspectiva de la “reactivación económica”, el gobierno ha dictado el D. Leg. N° 1500 que flexibiliza los marcos ambientales, de consulta previa de los pueblos indígenas u originarios y de participación ciudadana, desnaturalizándolos para realizarse de manera virtual en un país donde nuestros pueblos indígenas no cuentan con internet, poniendo en riesgo sus territorios para favorecer inversiones que no los benefician, lo que es incongruente en el momento que vivimos.

“Cuando permanecen en sus territorios, son precisamente ellos quienes mejor los cuidan. Sin embargo, en diversas partes del mundo, son objeto de presiones para que abandonen sus tierras a fin de dejarlas libres para proyectos extractivos y agropecuarios que no prestan atención a la degradación de la naturaleza y de la cultura” (LS 146) ha dicho Papa Francisco al respecto.

Por ello CEAS exige la urgente protección de nuestros pueblos indígenas u originarios, costeros, andinos y amazónicos, en particular de aquellos que se encuentran en aislamiento voluntario y contacto inicial, estableciendo la intangibilidad de sus territorios, y evitando otorgar autorizaciones y derechos a empresas o terceros. En ese sentido exhortamos al Congreso de la República a aprobar el proyecto de ley 4044-2018-PE que esperamos se discuta en el pleno.

Consideramos prioritario para nuestros pueblos un apoyo concreto para mejorar sus economías locales que no han sido consideradas en las medidas del gobierno. Nuestra canasta familiar nacional depende en un 70% de la producción de la agricultura familiar a cargo de nuestras comunidades campesinas y nativas, por ello requieren de decisiones y normas efectivas para la promoción de los mercados locales y la protección de sus territorios.

Finalmente, Papa Francisco en Laudato Sí se dirige a nuestros gobernantes: “Las autoridades tienen el derecho y la responsabilidad de tomar medidas de claro y firme apoyo a los pequeños productores y a la variedad productiva. Para que haya una libertad económica de la que todos efectivamente se beneficien, a veces puede ser necesario poner límites a quienes tienen mayores recursos y poder financiero”. (LS 129).

 

Ver carta enviada por las organizaciones indígenas a las autoridades gubernamentales reiterando la solicitud para la toma de acciones urgentes:

 

Lima, 29 de mayo de 2020

Señor

MARTÍN ALBERTO VIZCARRA CORNEJO

Presidente de la República del Perú

Presente.-

Asunto:      Se reitera solicitud para la toma de acciones urgentes de protección de los derechos de los pueblos indígenas u originarios.

De nuestra consideración,

Lo saludamos en nombre de las organizaciones indígenas Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú(ONAMIAP), Confederación Nacional Agraria(CNA) y del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (GTPPIICNDDHH)[2] organizaciones que trabajamos en torno a la garantía de los derechos de los pueblos indígenas, y que actualmente hemos confluido para enfrentar la emergencia sanitaria que asola los territorios indígenas de cerca de diez mil comunidades campesinas y nativas, reconocidas como pueblos indígenas u originarios de todo el Perú.

El Estado peruano, y particularmente el poder ejecutivo que usted preside, tiene el deber de garantizar los derechos humanos individuales y colectivos, particularmente de sectores históricamente excluidos y discriminados como los pueblos indígenas. El cumplimiento de esta obligación en el contexto de la actual pandemiaCOVID-19 que azota nuestro país, implica la adopción de medidas normativas urgentes, efectivas y culturalmente adecuadas para proteger a los pueblos indígenas.

En atención a dicha obligación y ante el panorama crítico en el cual se encuentran los Pueblos Indígenas, el GTPPII-CNDDHH envió una carta abierta al poder ejecutivo proponiendo acciones concretas de respuesta a la emergencia[3].  Sin embargo, luego de más de un mes de enviar dicha carta abierta, y 74 días después de haberse declarado el Estado de emergencia sanitaria, no encontramos ningún resultado que corrobore la implementación de medidas para la prevención, atención y mitigación de los riesgos y afectaciones diferenciales a los que se enfrentan los pueblos indígenas y que se traduce en un desastre sanitario, poniendo en riesgo inminente la vida e integridad de miles de hombres y mujeres de los pueblos indígenas de nuestro país, así como la inminente desaparición de pueblos enteros.

Por ello, las organizaciones indígenas nacionales y regionales vienen generando propuestas para enfrentar la pandemia, que en la medida de lo posible, ya están siendo implementadas por las mismas comunidades. Sin embargo, es necesario contar con mayores recursos para fortalecer las medidas y articular con los sectores estatales competentes. En ese sentido, las Organizaciones Indígenas y el GTPPII- CNDDHH solicitamos al Presidente de la República lo siguiente:

1. Convocar una reunión al más alto nivel con nuestras organizaciones representativas amazónicas y andinas, que nos lleve a acuerdos claros y a elaborar una agenda programática para generar cambios estructurales para atender la emergencia sanitaria y la prestación de servicios que ha relegado a los pueblos indígenas u originarios del Perú.

2. Creación de una Comisión Multisectorial de Alto Nivel que integre a los gobiernos regionales y locales, con participación efectiva en la toma de decisiones de las organizaciones indígenas representativas, el cual estaría dedicado a proponer e impulsar medidas para la protección de los derechos de los pueblos indígenas frente a la propagación del COVID-19.

3. En vista delo insuficiente que resulta ser el Decreto Legislativo N° 1489, solicitamos esclarecer si existe o no voluntad política de los sectores competentes para establecer canales para la participación efectiva de las organizaciones de los pueblos indígenas, garantizando su vinculación en la toma de decisiones de manera que permita implementar lineamientos y protocolos con el presupuesto necesario, para enfrentarla situación de emergencia sanitariaCOVID-19.

4. Asignar presupuesto suficiente para las políticas, estrategias y planes de salud para atender a los pueblos indígenas. No podemos escatimar en dichos recursos y repetir los errores recientes, porque estaríamos generando un riesgo inminente de desaparición de pueblos indígenas u originarios.

5. Ante la reciente aprobación del plan de intervención del Ministerio de Salud para comunidades indígenas y centros poblados rurales, plan que se dio 67 días después de la declaración del estado de emergencia, pedimos su inmediata implementación garantizando la participación de las organizaciones indígenas y autoridades comunales vinculadas territorialmente y exigimos el aumento de presupuesto, porque el aprobado será insuficiente para atender a los pueblos amazónicos.

6. Exigimos se elabore de manera urgente un Plan de intervención desde el Ministerio de salud para comunidades indígenas de las zonas Andinas y Costeras frente a la emergencia del COVID-19, otorgándole el presupuesto necesario para su pronta implementación, cuyas necesidades y vulnerabilidades sanitarias y sociales se presentan de manera diferenciada para enfrentar la pandemia.

7. Se deben garantizar los derechos de los pueblos indígenas en las medidas de reactivación económica que se vienen aprobando, las que precisan de un mecanismo de control ciudadano a través de los órganos competentes y con participación efectiva de los pueblos indígenas u originarios, planteamos reuniones especifica con diversos sectores a reactivar para así evitar la vulneración de derechos sociales y estándares ambientales desarrollados por la Corte IDH y el Tribunal Constitucional del Perú.

8. Garantizar con medidas efectivas y de manera urgente la protección de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial (PIACI), entre otras cosas, a través de la garantía de intangibilidad e integralidad de sus territorios (cese de actividades de terceros). Esto significa instar al Congreso de la República aprobar el proyecto de ley 4044-2018-PEcon dictamen favorable de la CPAAAAE.

9. Fortalecer la estrategias de control territorial ejercidas por los pueblos indígenas, que se han organizados de forma comunitaria para garantizar el cierre de los accesos y salidas de sus comunidades. Esto a través de una norma que efectivice la coordinación entre las organizaciones indígenas, los gobiernos locales y regionales, y los Ministerios del Interior y Defensa.

10. Promover con medidas concretas la reactivación de la economía indígena, no se puede excluir una vez más a los pueblos indígenas de las medidas de reactivación. Además, se debe tomar en cuenta que son las comunidades nativas y campesinas son las que proveen más del 70% de los alimentos que se consumen en las ciudades y por tanto, las normas y medidas enfocadas en la agricultura familiar tiene que tomar en consideración a las comunidades.

11. Los pueblos indígenas u originarios, a través de sus comunidades campesinas y nativas, así como a partir del ejercicio de las rondas campesinas, vienen haciendo frente a la pandemia COVID-19 en sus territorios. En cumplimiento de los mandatos internacionales, especialmente en garantía de su autodeterminación, las políticas públicas que determinen medidas de prevención y protección frente al COVID-19, deben ser implementadas por los pueblos indígenas, en coordinación con el Estado como garante de sus derechos. Es horade dar un giro total a la forma de trabajo con las organizaciones de pueblos indígenas, dirigentes comunales y las instituciones representativas del Estado, solo así podremos vencer a la pandemia en los territorios indígenas.

12. Desde las organizaciones indígenas y las organizaciones aliadas de la sociedad civil, consideramos que existe suficiente responsabilidad política del actual Ministerio de Cultura en la desatención con medidas oportunas hacia los pueblos indígenas, por lo que pedimos al presidente Vizcarra que acepte la renuncia planteada por la Ministra de Cultura, Sonia Guillen, demandamos la renuncia de su Viceministra de Interculturalidad y exigimos el inicio de un proceso de reestructuración del sector.

Finalmente, volvemos a reiterar la solicitud de una reunión con su despacho para explicar nuestras propuestas, llegar a acuerdos contribuir a la implementación de los mismos para proteger la vida de los pueblos indígenas y evitar el aumento de la propagación del Covid-19 en los territorios indígenas.

Para cualquier coordinación, agradeceríamos se comunique a: ismaelvega@caaap.org.pe

Agradecemos por anticipado vuestra disposición y le reiteramos nuestro saludo.

Cordialmente,

JORGE BRACAMONTE

Secretario Ejecutivo

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

 

Suscriben:

 

LIZARDO COUPER

Presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana

AIDESEP

 

MELANIA CANALES

Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú

ONAMIAP

 

ANTOLÍN HUÁSCAR

Confederación Agraria Nacional

CNA

 

CEAS, 1° de junio de 2020.

[3] Referencia a la carta: http://www.caaap.org.pe/website/wpcontent/uploads/2020/04/746c3f10aaca23ec3506b6a86e9a2617-0.jpg 

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