Hace 20 años, un 28 de agosto de 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CVR, entregó al país su Informe Final revelando la verdad de los sucedido en el Conflicto Armado Interno que vivió en el país, entre 1980 al 2000, con el fin de alcanzar una convivencia pacífica y su no repetición. A pesar de ello, en el país graves violaciones a los derechos humanos se han repetido, llamándonos a repensar la democracia que intentamos construir. Desde la Comisión Episcopal de Acción Social, como integrante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y en atención a las crisis social y política que vive nuestro país, manifestamos lo siguiente.
PRONUNCIAMIENTO
A 20 años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación
CONTINUIDADES QUE MATAN
Un 28 de agosto de 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), entregó su Informe Final sobre la barbarie vivida en el país entre los años 1980 al 2000. Lo revelado, es un hito en la lucha por la verdad, la justicia y la reparación. Como resultado, generó una serie de recomendaciones para atender sus consecuencias, promover la convivencia pacífica y evitar la repetición. A pesar de ello, en el país graves violaciones a los derechos humanos se han repetido, llamándonos a repensar la democracia que intentamos construir.
El balance es que continúa el doble escándalo. El del asesinato, la masacre, las ejecuciones extrajudiciales y el escándalo de la indiferencia e indolencia de quienes pudiendo evitar que estos hechos dolorosos se produzcan, no solo no lo hacen, sino que los justifican, tal como lo señalara Salomón Lerner, cuando entregó el Informe Final de la CVR al país.
A las casi 70 mil víctimas fatales del conflicto armado interno y, las víctimas de las esterilizaciones forzadas, sumamos hoy las 200 mil vidas perdidas por la Covid-19, debido a la corrupción y la ineficiencia del Estado. Hoy el contexto ya no es un conflicto armado interno, sin embargo, las víctimas son siempre iguales. Durante el conflicto armado el 73% de ellas eran quechuahablantes y pobres. Hoy, frente a nuevos problemas sociales, una respuesta brutal del gobierno de turno y una sociedad dispuesta a aceptar que esas muertes no importen.
Demoras, complicidades y pactos de silencio, caracterizan la justicia. Si bien en un centenar de casos se ha dictado sentencia, son hechos que ocurrieron hace treinta o cuarenta años, como la violencia sexual contra las mujeres de Manta y Vilca, único caso judicializado, aunque hoy sabemos son más de seis mil las víctimas de esta violencia. 20 largos años después, 214 personas y 34 defensores ambientalistas asesinados en las protestas. Todos bajo la sombra de la impunidad.
Continúa también el racismo y la discriminación, una de las causas estructurales de la violencia y crueldad en las décadas de terror. Este racismo también lo expresan sin pudor funcionarios y altas autoridades; autoridades civiles y fuerzas del orden usan discursos de odio, el miedo y el “terruqueo” para justificar la militarización de los territorios, extraer sus recursos y criminalizar la protesta ciudadana y a los defensores de derechos.
La CVR reclamó a la clase política que pudiendo detener las violaciones a los derechos humanos que se venían cometiendo, no lo hizo, es más, delegó en las Fuerzas Armadas todo el poder. Hoy, ante la movilización ciudadana el diálogo es dejado de lado y se recurre nuevamente al Estado de Emergencia y la respuesta represiva, alejándose de los estándares democráticos.
En medio de estas continuidades, entre el ayer y el hoy, desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, consideramos necesario:
- Alertar sobre la poca atención e implementación de las recomendaciones del Informe Final de la CVR, a pesar de su potencialidad para construir una sociedad inclusiva y solidaria, basada en el bien común y la ética del cuidado, que nos permita convivir en paz y democracia.
- Reafirmar el principio de la paz como imprescindible para la democracia. Condenamos la violencia, los discursos de odio, el “terruqueo”, el racismo y la discriminación.
- Condenar el autoritarismo y la violencia que estamos viviendo, con 49 ejecuciones extrajudiciales y masacres que enlutan a nuestro país.
- Reconocer y proteger el derecho a la protesta pacífica de quienes reclaman justicia y manifiestan sus demandas sociales y políticas.
- Atender el derecho a la participación política de nuestros pueblos originarios. Garantizar la elección directa de representantes indígenas mediante escaños reservados.
- Revertir el proceso de desmantelamiento de las fiscalías especializadas en derechos humanos y asegurar presupuesto para la búsqueda de las personas desaparecidas.
- Revisar y derogar las normas que se alejan de los estándares internacionales de derechos humanos como la apología de terrorismo, el financiamiento privado para adquisición de armas por grupos de autodefensa o la protección a efectivos policiales que en sus funciones produzca lesiones o muerte.
- Detener el desmantelamiento de lo avanzado en materia de educación para la democracia e igualdad de género.
- Llamar a cerrar filas contra todo tipo de atentado a la institucionalidad democrática y contra todo tipo de violencia y a defender la vida en dignidad, con memoria, justicia y reparación.
A los 28 días del mes de agosto de 2023.
La Justicia hace la Paz
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos