La Comisión Episcopal de Acción Social, integrante del Grupo de Trabajo sobre Impactos de Hidrocarburos y Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, suscribimos y nos pronunciamos contra estas modificaciones legislativas que atentan contra la vida de los pueblos de la costa y la amazonía de nuestro país.
Desde las organizaciones e instituciones que conforman el Grupo de Trabajo sobre Impactos de Hidrocarburos y Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos alertamos sobre la arremetida del Congreso de la República y el gobierno de Dina Boluarte contra la vida y los territorios de los pueblos indígenas y pescadores.
En los últimos meses se han impulsado modificaciones legislativas y acciones de promoción de actividades extractivas y megaproyectos de infraestructura en territorio indígenas, reservas de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial, Áreas Naturales Protegidas y zonas costeras. Iniciativas que no han considerado los derechos de los pueblos indígenas a la Autodeterminación Territorial, al Consentimiento y Consulta Previa Libre e Informada (CPLI), como tampoco estándares ambientales, procesos de debida diligencia y la remediación de sitios contaminados. Además, son incompatibles con la consecución de los compromisos ambientales que el Perú ha asumido a nivel internacional para hacer frente a la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.
Tenemos así un “Paquetazo Ambiental” en curso, como lo ha denunciado la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana – AIDESEP, en medio de un escenario de autoritarismo y violencia estatal que nos trae a la memoria los dolorosos hechos ocurrido hace 14 años en Bagua y otros conflictos socioambientales. Al igual que entonces, los intereses de las grandes empresas extractivas terminan coludidos con un gobierno racista intentan imponerse sobre las comunidades y sus territorios. Por lo tanto, manifestamos lo siguiente:
1- Nuestro rechazo inmediato a los Proyectos de Ley y Dictámenes que buscan modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley para la Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial, así como aprobar leyes para formalizar la minería a pequeña escala, crear una Autoridad Nacional de Infraestructura, declarar de necesidad pública la creación de una Asociación de Comunidades Nativas Encargadas de Cuidar y Preservar la Infraestructura del Oleoducto Norperuano; y declarar de interés nacional la suscripción de contratos de hidrocarburos para el fomento del desarrollo y consolidación de la Industria Petrolera a fin de contribuir con la Seguridad Energética del país. Estas propuestas normativas tienen artículos que ponen en riesgo derechos colectivos de pueblos indígenas o su propia existencia.
2- Respeto a la Autodeterminación Territorial y la Consulta Previa ante la promoción de nuevos lotes petroleros y la reactivación de otros viejos superpuestos sobre territorio indígena, reservas de PIACI y zonas costeras de comunidades de pescadores. Los procesos de CPLI deben ser interculturales, respetar la institucionalidad indígena y otorgar a los pueblos indígenas la posibilidad real de incidir en las cláusulas ambientales y sociales de los contratos petroleros.
3- Remediación ambiental de sitios contaminados, asegurando la ejecución, costeo y participación plena de la población afectada en planes de abandono de lotes que han concluido contrato: Lote 192; otros que están por concluir su contrato este año: Lotes I, V, VII/VI, Z-2B; y finalmente los que concluyen en los próximos 4 años: Lote 8 y 10 en el 2024 y el Lote II en el 2026. El Estado debe asegurar que las empresas salientes asuman plenamente sus obligaciones y no permitir impunemente la acumulación de daños ambientales.
4- Protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial frenando toda pretensión discursiva y legislativa que amenace su supervivencia física, material y cultural en sus propios territorios ancestrales.
5- Cese de provocaciones de René Chávez, gobernador de Loreto, quién ha emitido declaraciones tendenciosas respecto a la existencia de los PIACI e insiste en la supuesta necesidad de explotar ámbitos de reservas indígenas en nombre del desarrollo de la región.
Por último, respaldamos a las organizaciones del movimiento indígena y de pescadores que previamente se han pronunciado, nos solidarizamos con su denuncia y ponemos a disposición el acompañamiento que podamos brindar. Hacemos un llamado a la diversidad de activismos y militancias en el país, así como a organismos internacionales de protección ambiental y de derechos humanos a no permitir el avance de estos proyectos de muerte y destrucción.
12 de junio del 2023
Se adhieren:
- Asociación Servicios Educativos Rurales – SER
- Amazon Watch
- Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP)
- Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS
- CooperAcción
- Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF
- Paz y Esperanza
- Red Muqui
- Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCICC
- Red Pastoral Pueblos Indígenas y Ecología Integral
- Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios – PUINAMUDT
- Perú EQUIDAD